En el contexto de la Ley de Segunda Oportunidad, la RPC se refiere a la anotación oficial de los actos y resoluciones del concurso, accesible públicamente en la web del Ministerio de Justicia. Garantiza la publicidad y oponibilidad frente a terceros.
Esta publicidad registral permite que acreedores, administradores concursales y cualquier interesado consulten el estado del procedimiento, las comunicaciones relevantes y las fases superadas, evitando situaciones de indefensión o desconocimiento. Además, la inscripción en el RPC produce efectos jurídicos esenciales, como el inicio de plazos para impugnaciones o la validez frente a terceros de determinadas resoluciones. Su función es asegurar transparencia, coordinación procesal y seguridad jurídica durante toda la tramitación concursal.