La prorroga de plazo en el marco de la Ley de Segunda Oportunidad es la ampliación excepcional del tiempo concedido para cumplir una obligación procesal o de pago. Debe solicitarse antes de su vencimiento y requiere causa justificada.
Esta ampliación permite evitar la preclusión de derechos o el incumplimiento formal cuando existen circunstancias que impiden al deudor o a la parte procesal actuar dentro del plazo inicial. Su concesión depende del órgano competente judicial o administrativo, que valorará la razonabilidad de la solicitud y la ausencia de perjuicio para terceros. La prórroga constituye una herramienta de flexibilidad dentro del procedimiento, pero no es automática y solo procede en supuestos debidamente motivados.
