En el marco de la Ley de Segunda Oportunidad, la intervecnión judicial es la actuación del juez o administrador concursal sobre la gestión del patrimonio del deudor para garantizar la transparencia y evitar disposiciones indebidas.
Consiste en supervisar, autorizar o restringir determinadas actuaciones del deudor durante el procedimiento concursal, asegurando que los bienes y derechos se conserven adecuadamente y se destinen a la satisfacción ordenada de los créditos. Esta intervención protege los intereses de los acreedores, previene fraudes o actos perjudiciales y facilita la correcta administración de la masa activa, contribuyendo a la eficacia y legalidad del proceso concursal.