Dentro de la Ley de Segunda Oportunidad, la entidad acreedora se refiere a la persona jurídica, generalmente una entidad financiera o Administración pública, titular de un derecho de crédito frente al deudor.
Tiene la facultad de exigir el cumplimiento de las obligaciones pactadas, ya sea mediante pagos voluntarios o a través de procedimientos ejecutivos. Las entidades acreedoras participan activamente en procesos de insolvencia, refinanciación o acuerdos extrajudiciales, y su posición está protegida por la legislación concursal y civil. Su papel es esencial para la recuperación de créditos y para garantizar la estabilidad del sistema económico y financiero, equilibrando los derechos de cobro con los mecanismos de protección del deudor.
