El aplazamiento de deuda en la Ley de Segunda Oportunidad es la medida administrativa o judicial que permite diferir temporalmente el pago de una obligación, manteniendo su vigencia. Puede acordarse por la Agencia Tributaria o la Seguridad Social bajo condiciones de garantía. Constituye un instrumento mediante el cual el deudor obtiene un retraso temporal en el cumplimiento de sus obligaciones sin extinguir la deuda, permitiendo organizar sus pagos de manera que se adapten a su capacidad económica actual. Esta medida puede adoptarse tanto en el ámbito administrativo como judicial, dependiendo de la naturaleza de la obligación y del órgano competente.
Esta figura resulta especialmente relevante en procedimientos concursales o de Segunda Oportunidad, pues permite al deudor reorganizar sus finanzas sin que la deuda quede automáticamente en situación de impago, facilitando soluciones negociadas con los acreedores y evitando la precipitación de medidas ejecutivas que puedan perjudicar tanto al deudor como a la masa de acreedores.