En la Ley de Segunda Oportunidad, esta revisión se refiere a la facultad de los tribunales para comprobar la legalidad de actos administrativos o resoluciones anteriores dentro de un mismo procedimiento.
Esta facultad permite corregir errores, arbitrariedades o decisiones contrarias a derecho, asegurando la correcta aplicación de la normativa y la protección de derechos de las partes. En el ámbito concursal o de la Segunda Oportunidad, la revisión judicial puede afectar la validez de resoluciones, reconocimientos de créditos, planes de pago o exoneraciones, garantizando que todas las actuaciones se ajusten a la ley y mantengan la transparencia y seguridad jurídica del proceso.