En la Ley de Segunda Oportunidad, los gastos judiciales constituyen los costes derivados de actuaciones procesales, honorarios de abogados y procuradores, tasas y peritajes.
Estos gastos incluyen todos los desembolsos necesarios para la tramitación de un procedimiento judicial, ya sea civil, mercantil o concursal, y forman parte del coste total de la litigación. Estos gastos pueden ser exigibles al deudor, y en procedimientos concursales se integran en la masa pasiva para su eventual satisfacción conforme al orden de prelación legal. Su correcta contabilización y pago garantiza la validez y eficacia de las actuaciones procesales, así como la protección de los derechos de las partes implicadas.
